Ciudad de México.— Una nueva iniciativa presentada en la Cámara de Diputados ha abierto un debate jurídico y social de alto impacto al proponer sanciones penales contra la atribución dolosa de paternidad, práctica mediante la cual una mujer señala como padre a un hombre que no es el progenitor biológico y lo obliga, bajo engaño, a asumir responsabilidades económicas y de crianza.La propuesta legislativa plantea tipificar esta conducta como delito, al considerar que vulnera derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la verdad, al patrimonio y a la autodeterminación familiar. De aprobarse, la conducta podría ser sancionada con penas de hasta cinco años de prisión, además de otras medidas legales complementarias.De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, la legislación vigente carece de mecanismos específicos para proteger a los hombres que, durante años, han cumplido obligaciones parentales basadas en información falsa, situación que —argumentan— constituye una forma de fraude con consecuencias personales, emocionales y económicas de largo alcance.El proyecto también busca sentar un precedente en materia de corresponsabilidad y certeza jurídica en las relaciones familiares, sin menoscabo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes —subrayan— deben permanecer como sujetos de protección prioritaria del Estado.La iniciativa ha generado posiciones encontradas entre especialistas en derecho familiar, organizaciones civiles y colectivos feministas, algunos de los cuales advierten riesgos de criminalización excesiva, mientras otros consideran indispensable cerrar vacíos legales que han permitido abusos prolongados.El análisis y eventual dictaminación de la propuesta marcarán un punto relevante en la discusión nacional sobre justicia familiar, verdad biológica y responsabilidades legales, en un contexto donde el derecho busca adaptarse a realidades sociales cada vez más complejas.
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