La madrugada del 2 de noviembre, el municipio poblano de Huixcolotla se convirtió en escenario de una ejecución que refleja el rostro más crudo de la inseguridad que atraviesa México. Tres policías municipales fueron emboscados y asesinados dentro de su patrulla, tras recibir más de 150 disparos de alto calibre. El ataque ocurrió sobre el Bulevar Cuauhtémoc, cuando dos camionetas bloquearon el paso de la unidad oficial. De ellas descendieron al menos siete sicarios que abrieron fuego sin mediar palabra. Los oficiales Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez murieron al instante; la comandante Yusami Monterrosas Apolinar fue trasladada grave al hospital, donde también perdió la vida horas después.
Las investigaciones de la Fiscalía de Puebla confirman que la emboscada fue una operación de exterminio, no un enfrentamiento. Tras el crimen, los atacantes dejaron un mensaje intimidante atribuido al crimen organizado y huyeron sin dejar rastro. Hasta el momento, no hay detenidos. El caso desató miedo entre los cuerpos policiacos locales; varios agentes presentaron su renuncia inmediata, temerosos de convertirse en las próximas víctimas.
Mientras tanto, las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo que, como tantos otros, llega tarde y sin resultados. En “el México de Claudia”, donde la violencia ya no distingue entre ciudadanos y policías, las patrullas sirven de ataúd y la justicia sigue atrapada entre el ruido de las balas y el silencio del Estado.
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